La Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Alianza), el Sindicato Unico de Asistentes Personales (SUAP, FUECYS, PIT-CNT), y la Red Pro Cuidados manifestamos nuestra profunda preocupación ante las proyecciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en relación al Programa de Asistentes Personales, según el documento para la elaboración del presupuesto nacional remitido por dicha secretaría (Presupuesto Quinquenal MIDES 2021-2025: Fundamentación Técnica, 22 de julio de 2020Presupuesto Quinquenal MIDES 2021-2025: Fundamentación Técnica, 22 de julio de 2020)

Vemos con inquietud la naturaleza contradictoria de los lineamientos técnicos expresados en dicho documento, en el que por una parte se reconoce que los efectos de la pandemia aumentarán las vulnerabilidades de las poblaciones dependientes que requieren cuidados al tiempo que se evalúa positivamente las consecuencias de apoyar a las familias en el cuidado de las personas dependientes, y por otra se propone una disminución paulatina del presupuesto destinado a este programa. 

El presupuesto destinado a dependencia severa ya ha sido insuficiente desde el comienzo de la implementación del SNIC para cubrir la demanda total de cuidados de esta población. En la propuesta actual, el desarrollo de previsiones presupuestales propone una suspensión indefinida del servicio, que tendrá como consecuencia una reducción de la cobertura al final del quinquenio a la mitad. Esta reducción se basa en la no renovación de los subsidios a partir de agosto de este año para las personas que lo soliciten, y cuenta con la disminución en los años sucesivos de los/as usuarios/as por fallecimiento. De los 6370 usuarios actuales de AP, serían al final del quinquenio poco más de 3000, según proyecciones del propio MIDES.

Es fundamental subrayar que el programa de Asistentes Personales se encuentra muy lejos de cubrir la demanda total de cuidados para personas en situación de dependencia severa, alcanzando menos de ¼ del total de personas que lo requerirían. Es decir, esta propuesta reduce una cobertura que ya era insuficiente, atentando contra un derecho consagrado en la Ley 19.353.

Por otro lado, afecta a la generación de empleo de calidad para un sector de la población que es de los más afectados por la crisis: mujeres solas, jefas de hogar, que son quienes mayoritariamente ejercen el rol de Asistente Personal. 

Nos preocupa mucho el impacto que esta propuesta paulatina de reducción de presupuesto tendrá en la vida de las personas con discapacidad en situación de dependencia ya que inevitablemente esto representará un retroceso en el ejercicio de sus derechos, una desmejora de su calidad de vida, y en una pérdida de autonomía.

A pesar de las valoraciones altamente positivas arrojadas por la evaluación (cualitativa y cuantitativa) realizada por este Ministerio sobre el Programa de Asistentes Personales sobrela vida de las personas en situación de dependencia, el núcleo familiar y los Asistentes Personales, vemos con gran alarma que la línea que sigue el documento de presupuesto quinquenal se orienta a invisibilizar los derechos de una población históricamente vulnerabley la cual sistemáticamente ve quebrantados sus derechos para acceder a una vida digna y de calidad en igualdad de condiciones que las demás personas.

Asimismo, preocupan todos los componentes de la política de Cuidados sobre los que no quedan claros los objetivos a partir de la propuesta remitida por el MIDES, quien por Ley 19.353, conduce la Junta Nacional de Cuidados:

FORMACIÓN DE CUIDADORES: no se aclara cuándo se reanuda ni si se reanudará;

CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENTES PERSONALES: lo explicitado en los lineamientos define la progresiva desaparición del Programa;

ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA: se programa subsidiar a los emprendimientos privados pero no aclara si se mantendrán los equipos técnicos para asegurar la calidad en los mismos ni la certificación de competencias;

CENTROS DE DIA: no aparecen en los lineamientos quinquenales;

PENSIONES A LA VEJEZ: se eliminan las visitas presenciales para la certificación de las carencias económicas reales y se sustituyen por declaraciones juradas electrónicas, una decisión administrativa compleja para las poblaciones objeto de esta prestación que tampoco refleja la realidad de muchas personas mayores, especialmente de las mujeres que llegan a la edad para solicitarla arrastrando todas los problemas de las dificultades para el trabajo formal sostenido y /o la dedicación total a los cuidados no remunerados.