Uruguay se enfrentó a una pandemia con sólidas instituciones, un sistema de Salud fuerte e inclusivo, y con muy buenas políticas sociales.

Esto lo posicionó y lo posiciona como ejemplo de control epidemiológico en Latinoamérica y en el Mundo. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba parado para implementar de forma ágil y rápida una serie de medidas para controlar la situación.

Hicimos lo que pudimos, y no salió tan mal. Es deber de esta Junta Departamental seguir protegiendo a la población. El mínimo descuido, implicaría un nuevo rebrote. Miremos los departamentos fronterizos, ante el mínimo descuido, la curva de contagio vuelve a crecer exponencialmente.

Por eso, todas las medidas preventivas, deben de mantenerse mientras dure la emergencia. Los protocolos y las resoluciones para volver a la “nueva normalidad” surgen de acuerdo a las circunstancias y se han dado de forma progresiva en el país: en espacios públicos, en tiendas, en restaurantes, en shoppings, etc.

Muchas veces las exigencias pasan por el sentido común, de protegernos a nosotros mismos, pero también proteger a los que nos rodean.

Las medidas de seguridad deben tener un respaldo legal en el departamento. Por eso, este decreto busca reglamentar el uso obligatorio del tapaboca a toda persona que haga uso del Transporte Público, como a los funcionarios afectado al mismo, sin excepción, en cualquiera de sus categorías: taxis, remises, transporte escolar, ómnibus urbanos y departamentales, y para los pasajeros de servicios contratados por cualquier finalidad que signifique el traslado colectivo de personas.

A su vez, el mismo establecerá facultades a las empresas de transporte público involucradas, al negar el acceso a los vehículos o unidades colectivas, a aquellos pasajeros o personal que no cumplieran con el uso de tapabocas.

Por último, se le atribuye a la IDS las potestades de controlar dicho cumplimiento y actuar ante la ausencia del mismo. El rol del legislativo departamental es el rogar por el bienestar de nuestra gente.

Este decreto permite garantías para los ciudadanos y para las empresas. Protegernos y cuidarnos es tarea de todos, y la legislación está al servicio de ello.

Solicito que el decreto que adjunto a esta intervención sea remitido a la comisión de legislación.