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La Coordinación Nacional contra UPM pide suspender el contrato “ROU-UPM en vista de la actual situación de emergencia sanitaria y económica que afecta al país y el resto del mundo”. En un comunicado de prensa se plantea que el país necesita fondos para destinar a la emergencia sanitaria actual.
Dicho comunicado expresa:
“La Coordinación Nacional contra UPM apoya los llamados a suspender el contrato ROU-UPM en vista de la actual situación de emergencia sanitaria y económica que afecta al país y el resto del mundo. En esta situación en la que el país necesita tener fondos disponibles para responder a la crisis es urgente liberar al Uruguay de un compromiso que implica destinar una gran cantidad de fondos que no dan respuesta a la emergencia actual.
De acuerdo a lo estipulado en el numeral 7, cláusulas 7.1 a 7.5 del contrato entre ROU-UPM el 7 noviembre 2017, se entiende que si existe una “causa extraña no imputable” puede no darse continuidad al contrato. Es decir, entre las causales que impidan que se cumpla el contrato aparece listada una epidemia como el tipo de evento que constituye este tipo de “causa extraña”.
Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento a que liberen al país de las obligaciones que demanda el contrato con ROU-UPM para poder utilizar estos fondos que invierte el Estado en el FONDO SOLIDARIO para atender los numerosos y severos perjuicios de la pandemia de COVID-19. Este tipo de fondo permitiría tener recursos disponibles para reforzar los sistemas de salud y asistir a una gran parte de la población que está perdiendo sus trabajos a causa de la pandemia. Los fondos que el Estado destina al proyecto de UPM incluyen: tren de carga US$ 2400 millones, compromiso de pago de energía de US$ 1450 millones, viaducto del puerto de Montevideo US$ 300 millones, dragado del puerto US$ 225 millones, adaptación de puentes, carreteras y otros US$ 270 millones. Esta inversión del Estado para cumplir con el compromiso con la empresa representa un total de US$ 4645 millones de dólares (cálculos del Dr. William Yohai basados en los datos públicos disponibles). Disponer de estos recursos permitiría evitar cargar a la población de subas en las tarifas y rebajas de salario que hacen una situación de crisis mucho más difícil de sobrellevar. A modo de comparación el aporte salarial de funcionarios públicos de acuerdo a estimaciones de la Ministra de Economía sería de unos US$12 millones.
La posibilidad de rescindir el contrato con UPM permite que como sociedad tengamos la oportunidad de decidir cómo utilizar los recursos limitados que tenemos para atender las necesidades de nuestra sociedad y construir un futuro más justo, ambiental y socialmente.
Coordinación Nacional Contra UPM”
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