La Fiscalía General de la Nación realizó informe tras cumplirse dos años de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal, oportunidad en la que el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz junto al politólogo Diego Gonnet, autor del informe, expusieron ante los medios sobre el balance que dejan estos dos años.
La eficacia del sistema penal acusatorio continúa aumentando medida por varios indicadores, según un informe presentado por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, según el informe elaborado por el politólogo Diego Gonnet, entre febrero y octubre de de 2019 se lograron 29% más imputaciones que en igual período de 2017 previo a la entrada en vigencia de la reforma. "Se trata de un incremento muy significativo si se tiene presente que la cantidad de recursos policiales, fiscales y judiciales se mantuvo prácticamente incambiada", señala el documento.
Para los delitos de hurto y rapiña "la comparación es aún más favorable al CPP" ya que entre febrero y octubre de 2019 se lograron 61,7% más imputaciones por denuncias de rapiña que en igual período de 2017 y 35,6% más en denuncias de hurto, agrega el texto.
Desde el inicio de la implementación del CPP ha aumentado también el porcentaje de investigaciones que resultan en al menos una condena. "Esa proporción pasó de 72,3% de las denuncias con investigación concluida hasta octubre de 2018 a 84,1% de las concluidas entre mayo y octubre de 2019", destaca el informe. "Como contrapartida se está apelando menos a la resolución por vías alternativas (Suspensión Condicional del Proceso y Acuerdo Reparatorio) cuya suma pasó del 25,8% al 15,5% del total de denuncias con investigación concluida", añade.
La rapidez con la que se alcance el resultado final de las investigación representa una dimensión clave de la calidad de la solución que se le da a las víctimas y a los responsables de los delitos.
Considerando los procesos concluidos entre mayo y octubre de 2019 "la duración promedio general para todas las vías procesales habilitadas por el CPP fue de 24 días entre la formalización y la conclusión. Mientras que el juicio oral, la vía procesal más compleja prevista en el CPP permite resolver las investigaciones en menos de la mitad del tiempo requerido bajo el sistema inquisitivo en los juzgados de Montevideo y en menos de un tercio en los juzgados del interior".
Por otra parte, en julio se registró un nuevo máximo histórico de 11.603 adultos privados de libertad. "Éste y todos los indicadores presentados permiten afirmar que el CPP habilita a que el sistema penal uruguayo funcione en forma tanto o más punitiva que antes de la reforma procesal, al menos considerando la cantidad de personas condenadas a prisión", señala el documento.
"En su aplicación el CPP está habilitando un mayor nivel de encarcelamiento de adultos. Y esto, como se señaló, fundamentalmente a través de condenas, con mayores garantías para los involucrados que las que ofrecían los procesamientos con prisión en el proceso inquisitivo", concluye.
El proceso penal uruguayo fue reformado en noviembre de 2017. Entre las principales transformaciones, se destaca que las investigaciones penales son dirigidas por la Fiscalía con el auxilio de la Policía, reservándose el Poder Judicial el rol fundamental de tercero imparcial para juzgar. Por otra parte, las audiencias son orales y públicas pudiendo acceder la ciudadanía y los medios de comunicación a las que resulten de interés.