Este domingo la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano, realizó acto en el Espacio Memoria ubicado en la zona este de la rambla mercedaria, al cumplirse tres años de su inauguración, y también teniendo en cuenta que el martes se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a otras fechas significativas que se conmemoran en diciembre.
En la parte protocolar las integrantes de la Comisión, Diana Centurión y María Ingold fueron las encargadas, la primera de leer los mensajes recibidos de diferentes organizaciones de distintos puntos del país y la segunda una proclama sobre los hechos significativos de diciembre, además de conmemorar el aniversario del Espacio Memoria.
En la parte artística actuaron el grupo Karas y Ensambles de la Escuela de Jazz a la Calle.

LA PROCLAMA
En nombre de la Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad – Soriano, les damos las muchas gracias por estar aquí, para ser parte de este encuentro por la memoria, en el tercer aniversario del Espacio.
Antes que nada, decir que es el primer aniversario sin Bibiana Duffau, compañera de nuestra Comisión que trabajó mucho en esta obra y a quien hoy recordamos muy especialmente.
El mes de diciembre es para la Comisión un mes muy especial por cuatro razones fundamentales.
El 6 de diciembre de 1972, las Fuerzas Conjuntas asesinaron al mercedario Joaquín Kluver. Sus compañeros lo recuerdan como un muchacho humilde e introvertido. Se había mudado a Montevideo para estudiar Agronomía. Era un joven comprometido con su tiempo: participó en el encuentro por la tierra junto a los trabajadores mercedarios de la remolacha; trabajó en las viviendas de los obreros de la papelera PAMER; y como militante estudiantil estaba a cargo de las publicaciones a mimeógrafo de la Asociación de Estudiantes de Agronomía. Cuando lo asesinaron tenía tan sólo 22 años. Ese día había una manifestación pacífica contra la Ley de Enseñanza promovida por Julio María Sanguinetti, que por entonces era ministro de un gobierno absolutamente
autoritario que se imponía apelando a las medidas prontas de seguridad. Mientras Joaquín repartía volantes en una feria vecinal, fue interceptado por una patrulla de las Fuerzas Conjuntas. Lo subieron a un vehículo militar, lo tiraron al piso y lo mataron por la espalda. Treinta y cinco horas después, el cuerpo sin vida fue entregado a la familia, en un cajón cerrado. El gobierno sostuvo que se trató de un enfrentamiento, pero las evidencias muestran que fue una ejecución. Una junta médica constató las heridas y el tatuaje que dejan los balazos cuando el disparo es a quemarropa.
Camino al cementerio, un pueblo acompañó el féretro del estudiante. En las pancartas se leía: “Joaquín, tu lucha es la del pueblo, seguirá en nuestras manos”. Este crimen, cometido por el Estado, hace 47 años: sigue impune.
También un 6 de diciembre, pero de 2015, nuestra Comisión -en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura- colocó la placa recordatoria que se encuentra en la fachada del ex-Cuartel Gral. Luna, donde hoy funciona Mercedes Terminal Shopping. En ese Cuartel hubo trabajadores militarizados desde antes de la dictadura; hubo personas detenidas, no solamente de Mercedes, sino de distintos lugares del país; fueron varias las caídas y las acciones vinculadas al Plan Cóndor. Esa placa es una forma de señalar que el Batallón N°5 del Ejército Nacional torturó, violó y mató ciudadanos y ciudadanas durante el período de actuación ilegítima del Estado, entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Esa placa, así como todas las marcas de la memoria que se han colocado a lo largo y ancho del país, son la dimensión simbólica de la necesaria reparación moral que el Estado tiene la obligación de llevar adelante para hacerse cargo de su responsabilidad y restablecer la dignidad de las víctimas. Cuando un Estado -cuyo deber es garantizar la protección de la ciudadanía- se aparta de su misión y atenta de manera sistemática contra los derechos de sus habitantes, cometiendo crímenes de lesa humanidad, tiene la obligación de reparar a sus víctimas.
Está claro que hay daños que son irreparables: no hay forma de devolver a la vida a las personas asesinadas, no hay manera de restituir su derecho a los hijos e hijas de presos y presas políticas que no pudieron crecer en familia, no hay modo de volver el tiempo atrás para que todas las personas que pasaron años en prisión recuperen el tiempo perdido. Los sufrimientos de la tortura ya no tienen arreglo; las tristezas del exilio, tampoco. Luisa, como tantas otras madres, ya se murió sin saber dónde estaba su hijo desaparecido. Si la reparación total es imposible, es imprescindible exigir que se repare todo cuanto sea posible y ello implica, en primer lugar, reconocer a las víctimas más directas del terrorismo de Estado, pero también comprender que la dictadura atentó contra los derechos del conjunto del pueblo uruguayo y en ese sentido todo el pueblo merece una reparación.
Desde nuestra perspectiva, la búsqueda de la verdad histórica y la educación en derechos humanos son medidas claves para la reparación: para que todas las generaciones presentes y por venir sepan exactamente lo que sucedió, sus razones y sus consecuencias; y como forma de que el Estado se haga cargo de los graves delitos que cometió. Reparar implica arreglar algo para que vuelva a funcionar. Pero ocurre que la democracia y los derechos humanos no se arreglan de una vez y para siempre. Para que “funcionen”, hay que “usarlos” y hacerles “mantenimiento” todos los días, porque si no se ejercen y se cuidan, es muy fácil que vuelvan a romperse. Esto tiene dos caras. Una que le compete al Estado, y que no puede reducirse a lo testimonial o meramente simbólico, sino que debe hacerse carne en un compromiso serio por garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las personas. Y otra cara que nos compete a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía toda, que es la de ejercer nuestros derechos y defenderlos a ultranza, contra cualquier ataque.
En tercer lugar, fue en diciembre de 2016 que, luego de un largo proceso de trabajo solidario, inauguramos este maravilloso Espacio Memoria. Un lugar de encuentro y reflexión construido colectivamente para recordar a Elba Gándara, Winston Mazzuchi, Nebio Melo, Omar Paita, Ricardo Altamirano, Tito Bosco, Luján Sosa, Ricardo Blanco, Modesto Quiñones y Carlos Cabezudo, y en ellos, a todas las personas detenidas-desaparecidas por el terrorismo de Estado. Eran personas que luchaban por hacer del Uruguay un mejor país para vivir: se movilizaban por la educación, por las reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras, defendían las libertades, querían recuperar la democracia. El Estado las desapareció y mientras no se sepa lo que pasó con ellas, y no haya consecuencias para sus responsables, el delito se sigue cometiendo. En este año 2019, después de varios años sin noticias de las excavaciones, aparecieron los restos de Eduardo Bleier. Los escasos avances en esta materia muestran la timidez con que el Estado se ha ocupado del tema, con acciones absolutamente insuficientes y con la enorme traba que representa el silencio cruel de los que saben.
La mayor parte de los logros en las investigaciones, son fruto del incansable esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que han tomado con mucha responsabilidad la consigna de “los vamos a encontrar”.
Finalmente, para la comunidad internacional, diciembre es el mes de los Derechos Humanos. Más que oportuno entonces, en este mes, alzar bien fuerte nuestra voz en defensa de las libertades, sobre todo en el contexto actual. La realidad regional nos indica que hay poderes que apuestan al odio y se ensañan contra quienes defienden los derechos. En nuestro país, el miedo fue una de las armas más usadas en la campaña electoral, y asistimos tristemente al resurgir de discursos nostálgicos y amenazantes que ganan poder. Frente a estos hechos, desde la sociedad civil tenemos la responsabilidad de organizarnos y unirnos en un cordón que impida el avance de la violencia contra el pueblo. Si bien el reclamo de justicia es fundamental, no es el único. La justicia es la contra cara de la impunidad jurídica, pero sabemos que el problema no se reduce a lo jurídico. En Uruguay, la impunidad es una cultura que es necesario deconstruir. Como sociedad tenemos derecho a saber lo que pasó, y tenemos la necesidad de saberlo para hacer todo cuanto esté a nuestro alcance a fin de evitar que vuelva a suceder. El ejercicio colectivo de la memoria y la lucha contra la cultura de la impunidad constituyen dos herramientas potentes para defender la democracia y construir garantías de no repetición, para nunca más terrorismo de Estado.
Eduardo Bleier: PRESENTE
Elba Gándara: PRESENTE
Winston Mazzuchi: PRESENTE
Nebio Melo: PRESENTE
Omar Paita: PRESENTE
Ricardo Altamirano: PRESENTE
Tito Bosco: PRESENTE
Luján Sosa: PRESENTE
Ricardo Blanco: PRESENTE
Modesto Quiñones: PRESENTE
Carlos Cabezudo: PRESENTE

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