El Gobierno elevó un proyecto para que la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado, sea cometido de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, dependiente del Poder Legislativo. El prosecretario Juan Andrés Roballo aseguró que el Ejecutivo conserva las obligaciones y busca una institucionalidad permanente, autónoma e independiente. “El Poder Ejecutivo mantiene la obligación absoluta de colaborar en todo lo que sea necesario con los organismos, sea el Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo o el Poder Legislativo, para el esclarecimiento de la situación de detenidos desaparecidos”, afirmó Roballo en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros este lunes 12, en Torre Ejecutiva.
Subrayó que avanzar en materia de derechos humanos, y particularmente en la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas, fue una preocupación del presidente Tabaré Vázquez y del gabinete desde que asumió el primer gobierno en 2005.
Recordó que, por un decreto rubricado en 2015, se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia —para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero de 1985—con el fin de cumplir y esclarecer los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país en el período establecido en la ley 18.596.
Explicitó que ese grupo “avanzó mucho” en su cometido, pero que se evalúo la necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía, a fin de que el Estado cumpla con la obligación y garantice los avances en la búsqueda de la verdad del destino de los detenidos desaparecidos. Sostuvo que un ejemplo a este impulso fue crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
“A partir de los informes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se determinó que en Uruguay el número de personas que se encuentran en esta condición asciende a, por lo menos, 196. Hay otras denuncias que se están trabajando para determinar si entran en este grupo de personas detenidas desaparecidas”, comunicó.
En la oportunidad, remarcó que se hizo una evaluación seria, consultando a actores sociales, autoridades ministeriales y a la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir de la que se entendió pertinente que esta misión pase, con los poderes jurídicos y recursos necesarios, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
“Con este relevante proyecto de ley que se remite este lunes 12 al Parlamento se termina de cerrar un cometido, la institucionalidad permanente, autónoma, independiente para el futuro, consolidando así una política de Estado en materia de esclarecimiento de la situación de las personas detenidas desaparecidas”, aseguró Roballo, quien agregó que las bancadas del Frente Amplio analizarán el tema en forma prioritaria.
“La intención fue buscar una estructura institucional permanente, autónoma, independiente. En tanto la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente seguirá en la égida del Poder Ejecutivo", sostuvo, y destacó que esa dependencia se mantendrá a disposición en todo lo requerido sobre la temática.
“Se otorgan los poderes jurídicos con el fin de cumplir eficientemente la misión que es obligación del Estado y que también es un derecho que tienen los familiares. El Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante en recursos humanos y financieros y un impulso político institucional en esta materia”, dijo el prosecretario de Presidencia de la República, quien ejemplificó al mencionar que se retomaron las excavaciones, se digitalizaron archivos y que se apoya a la Justicia en materia de pruebas y aportes de documentación de causas.