"La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal logró revertir dramáticamente en poco más de un año el problema de la alta proporción de personas privadas de libertad sin condena". Esa es una de las principales conclusiones de la actualización mensual de imputaciones realizadas por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, con datos cerrados a febrero de 2019.
En efecto, el documento elaborado por el politólogo Diego Gonnet, expresa que una dimensión importante de la situación carcelaria en Uruguay "es la proporción de personas que están privadas de libertad como medida preventiva, esperando una resolución judicial de su caso y de la de quienes ya tienen una condena judicial".
"El uso de la prisión preventiva era casi una regla para la mayoría de las personas detenidas en el marco del sistema inquisitivo. Eso llevó a que la proporción de personas presas sin haber recibido condena fuera extremadamente alta, llegando al 69,8% de las personas privadas de libertad en 2017", agrega el informe.
"La situación había sido denunciada en reiteradas oportunidades por organismos nacionales e internacionales, como violatoria de los derechos de los imputables y causante de efectos muy negativos para su comportamiento y expectativas dentro de la prisión", prosigue.
De acuerdo con el informe "cumpliendo con uno de los objetivos definidos" el nuevo CPP "permitió en poco más de un año revertir este problema, pasando de 69,8% a 44% de personas privadas de libertad sin condena. Y ello gracias a la aplicación del juicio abreviado, como a la agilidad en la tramitación de los juicios ordinarios que habilitan las audiencias orales".
El documento también destaca otros aspectos de la población privada de libertad.
"Se ha tendido a asumir que en el marco del nuevo CPP la cantidad de privados de libertad disminuiría significativamente como resultado de la combinación de un menor uso de la prisión preventiva para aquellos imputados que esperan la resolución judicial de su caso así como de penas de prisión más cortas para aquellos condenados", señala.
Empero, "se confirma que la reducción de la cantidad de privados de libertad comenzó cuatro meses antes de la entrada en vigencia del nuevo CPP". Si bien en los primeros nueve meses del nuevo código la cifra bajó "esa reducción se dio en relación a un nivel excepcionalmente alto registrado desde fines de 2016".
En marzo de 2019 "la cantidad de personas privadas de libertad superó nuevamente al promedio del período anterior", concluye el informe.

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