La Cámara  de Diputados  trató  como  asunto  político la  preocupación  por  la negativa  de  varios  militares de  comparecer  ante la  Comisión  investigadora  del  espionaje  en democracia.  El  tema  fue  planteado por  el diputado Luis Puig, en nombre del Frente Amplio, pidiendo  que  se   lo tratara como  asunto político. Esta inquietud se realiza debido a la negativa de varios integrantes de los servicios de inteligencia a comparecer ante la Comisión Investigadora del espionaje en Democracia desde 1985 a la fecha. La primera intervención de Puig fue para solicitar a la cámara declararlo asunto político y la segunda profundiza sobre la gravedad de los hechos ocurridos.

La resolución  de la Cámara

Tras  ello  la Cámara de Diputados   aprobó  por unanimidad la siguiente moción:

         La Cámara de Representantes declara:

“El lunes 11 de Setiembre, la Comisión Investigadora sobre los posibles actos de Inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha, se disponía a recibir el testimonio de Oficiales Generales retirados de las FF.AA., que tuvieron a su cargo la dirección de los Servicios de Inteligencia del área del Ministerio de Defensa.

Los ex Directores Juan A. Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, comunicaron individualmente su negativa a concurrir a la Comisión para brindar su testimonio.

La actitud de los mencionados exdirectores constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación cometida por la Cámara de Representantes a esta Comisión. La imposibilidad de contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, impide conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad y las órdenes y directivas que dictaron. La negativa a concurrir a las citaciones de la Comisión Investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores.

Esta actitud pretende desconocer al Parlamento y el cometido encomendado a la Comisión Investigadora, queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia.

Sin embargo, dichas actitudes no frenarán el proceso de investigación. El Parlamento no se detendrá en sus labores hasta llegar a la verdad.

Las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la Comisión Investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las Leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de Inteligencia Militar.

La Cámara de Representantes continuará con las tareas en el marco de la Constitución y las leyes para romper con el silencio y las violaciones a la ley, fortaleciendo la democracia y la libertad de los uruguayos”. 

La Cámara decidió además que esta declaración se comunicara al Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto los Oficiales Generales, ex Directores de los Servicios de Inteligencia, son funcionarios en situación de retiro de dicha cartera.