(por equipo de @gesor) El 4 de julio pasado nuestro compañero de tareas Juan Correa fue víctima de una agresión y amenaza por difundir una información. El hecho ya ha tomado estado público desde que presentamos la denuncia correspondiente. En @gesor no solemos hablar de nosotros ni ponernos en el centro de la atención porque entendemos que ese no es nuestro rol, y preferimos, luego de una evaluación interna, no publicar el contenido de dicha agresión ni el nombre su autora. No porque careciera de importancia, todo lo contrario, sino porque entendíamos y seguimos entendiendo que los hechos debían canalizarse por los carriles que se hicieron, y no ponernos en el centro de la atención o presentarnos como las víctimas de algo.
Varios colegas de diferentes partes del país se solidarizaron con nuestro compañero de tareas y repudiaron el hecho. Varios medios de diferentes partes del país lo han difundido. Varias instituciones se han pronunciado, reivindicando el derecho a la libertad de expresión, valor supremo que está en juego cuando se agrede o amenaza a un medio de comunicación o a un periodista.
Pero es llamativo y preocupante el silencio de la clase política local. La excepción destacable a esta regla la puso el edil nacionalista Heber Scirgalea, quien repudió el hecho, recordando que “estamos en un estado de derecho y gozamos la plena libertad para expresarnos”. Scirgalea pidió el apoyo de la Junta Departamental para enviar una nota de solidaridad a nuestro compañero de trabajo. Pedido que fue aprobado por unanimidad, es cierto, pero también es cierto que no quedaba otro camino. ¿Quién podría negarse a votar ese pedido?
También es cierto que nadie más del espectro político departamental habló del tema. Ni en el ámbito de la Junta Departamental ni en otro. El silencio de la clase política respecto a este tema ha sido apabullante y preocupante a la vez. No por la agresión en si misma que de por sí ya es un hecho grave, sino porque el núcleo del tema está en la libertad de expresión. O sea la base de la democracia.
Dicho de otra manera, la clase política sorianense, de todos los estamentos, no dijo nada del tema. Parece no tener opinión respecto a esto. O lo que es peor, parece no importarle.
Podría deducirse entonces que la libertad de expresión para los actores políticos locales no es un tema medular, no es algo ante lo cual se deba estar atento. Parece ser que la clase política local no tiene como un valor supremo este punto, que la democracia puede asentarse en otras patas, y la libertad de expresión puede ser dejada de lado.