En días anteriores, dimos cuenta del procesamiento de 12 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos una operadora penitenciaria, según informaran tanto el INR como el
Ministerio del Interior.
Sobre el tema, mantuvo contacto con @gesor, Juan Nolasco, Presidente de la OFUCIPE (Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios), sindicato nacional que involucra a los operadores (escalafón S), y funcionarios civiles que son administrativos del Escalafón C, técnicos (sicólogos y demás) escalafón A y los profesores que son escalafón B.
Nolasco aclaró que entre los 12 procesados, no había ningún operador penitenciario, "hubo un error en la información brindada por el INR y el MI, fue una policía femenina la
procesada. Sí hubo operadores que en calidad de testigos concurrieron a declarar, pero ninguno de ellos quedó detenido, fue un error en la información".

LA FALTA DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Debido a que un alto porcentaje de las personas privadas de libertad tienen problemas de adicciones, se hace necesario el tratamiento desde el punto de vista profesional, técnico, que muchas veces, por falta de esos técnicos, terminan haciéndolo los propios operadores, sobre lo que Nolasco indicó, "más allá que la función del operador penitenciario tiene que ver con la rehabilitación de la persona, sería un "socio operador", función que hoy tampoco se cumple tácitamente como se menciona cuando se contratan operadores penitenciarios, debido a la falta de personal policial y civil. Por ello los operadores cumplen muchas tareas muy relacionadas con el tema seguridad, al no contar con la cantidad necesaria de policías".
Considera que se trata de un problema por estar en un sistema mixto "de policías y civiles y no como se da en otros países con sistema unitario, que trabajan cumpliendo tareas de
seguridad y rehabilitación, pero tienen una preparación acorde para ello".
Entiende que más allá que se diera un ingreso masivo de operadores, "el equipo multidisciplinario debería estar igualmente y en todas las unidades, lo que pasa a nivel del
INR pasa que las contrataciones de técnicos, sicólogos, asistentes sociales, y demás, son nucleadas más que nada en zona metropolitana".
En ese sentido al Interior le dificulta muchísimo el hecho de tener que gestionar una salida laboral o transitoria deben venir a Montevideo, si hubiese funcionando un equipo
multidisciplinario en la unidad eso no pasaría y a su vez achicaría gastos, porque el traslado, en el transporte de la unidad, muchas veces se dan casi a diario, lo que implica los
gastos del vehículo más el personal que conduce a uno o más internos y si hacés números andaríamos ahí cerca para poder contratar los técnicos necesarios".

NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL EN UNIDADES DEL INTERIOR
Nolasco dijo a @gesor que hace bastante tiempo vienen reclamando "mayor cantidad de personal, es notoria la falta en todas las unidades, se han suspendido llamados que estaban estipulados para el Interior del país, y pasaron la totalidad de los ingresos a la zona metropolitana, esa es una decisión política, no es presupuestal. Esto afecta mucho al Interior del país, y hablo de decisión política, porque comenzaría a funcionar este año, en setiembre, la cárcel público privada y estos llamados que se están realizando ahora es previendo la apertura de la cárcel público privada. El Ministerio debió haber previsto que esa cárcel iba a funcionar y pedir los recursos necesarios para contratar funcionarios específicamente para esa cárcel y no suspender los llamados del Interior".
Sostuvo que hay unidades "trabajando con escasez muy importante de personal, en el caso de Pense, hay 16 operadores cumpliendo funciones, si no hay alguna certificación médica, con más de 300 internos, que si los dividís por áreas, te quedás con uno o dos operadores para 50 o 60 internos".

PASAR LOS POLICIAS SIN ARMAS A CUMPLIR TAREAS EN EL INR ES UN RETROCESO 
Nolasco también respondió a la consulta de @gesor sobre la decisión del Ministerio del Interior de pasar al INR a los policías que están sin arma por tener -en su mayoría- denuncias por situaciones de violencia doméstica o de género, mientras dure ello, que por lo general son varios meses, "no lo vemos bien, es un retroceso en el sistema penitenciario que hoy apunta a rehabilitación de personas privadas de libertad, pero al mismo tiempo a los funcionarios del Ministerio del Interior, se les trata como un lugar de castigo. Como se hacía antes en la Dirección Nacional de Cárceles, no todos los policías que estaban en la cárcel trabajando era por estar sancionados, pero en la gran mayoría sí lo eran porque se usaba el enviarlos a desempeñar tareas en la cárcel como castigo. El policía hace un arresto en la calle y después tiene que trabajar en la cárcel con el arrestado".
A su vez considera que esos funcionarios policiales "son expuestos, porque vienen con una situación de violencia doméstica que puede ser un hecho aislado o una persona que esté sufriendo algún problema sicológico o que no pueda manejar ciertos conflictos en su vida personal, o domicilio, los exponen a trabajar en cárceles que es muy complicado, es una problemática de todos los días, me parece una exposición innecesaria".
Tanto este sindicato como el policial se han manifestado contrarios a esta decisión, "pero hasta ahora no conocemos una resolución contraria a la que adoptó inicialmente el ministerio".