En el marco de la plataforma ciudadana de las organizaciones sociales participantes de las Jornadas Nacionales por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, MYSU junto a la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT- CNT emitió el siguiente pronunciamiento:

MUJER Y SALUD EN URUGUAY

Es en 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo, Argentina, donde se acordó declarar el 28 de setiembre como el Día por la despenalización del aborto en la región. Surge como demanda de las organizaciones feministas ante la injusta situación de la práctica ilegal y clandestina del aborto, responsable de una alta mortalidad de mujeres por esta causa.

Según lo estimado por la Organización Mundial de la Salud, aún hoy, anualmente se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo; 47 mil mujeres embarazadas mueren por complicaciones derivadas de abortos no seguros y 40% de las mujeres en edad reproductiva viven en países donde el aborto está prohibido o restringido.

Por esta razón, desde el año 2013, el 28 de setiembre ha pasado a ser un día internacional sumando los esfuerzos de organizaciones y redes a lo largo y ancho del mundo.

A 25 años de que las mujeres de la región se propusieran luchar por una maternidad libre y voluntaria, el aborto ilegal y clandestino constituye un problema sin resolver en gran parte de los países. Dentro de América Latina y el Caribe está totalmente prohibido y penalizado en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana. No se permite ni cuando corre riesgo la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. En el resto de los países, a pesar de que hay causales que lo habilitan, los servicios no están siempre disponibles ni a las mujeres se las atiende adecuadamente cuando lo requieren.

En este contexto, Uruguay es uno de los pocos países que ha tenido avances en los últimos años con la promulgación de la Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley 18.426 del derecho a la salud sexual y reproductiva. Estos cambios han habilitado la realización de abortos legales dentro del esquema de la atención en salud sexual y reproductiva, a pesar de que se mantenga el aborto como delito en el Código Penal. Hasta las 12 semanas de gestación y hasta las 14 semanas en caso de violación, las ciudadanas naturales, legales y mujeres con por lo menos un año de residencia deben ser atendidas gratuitamente en todas las instituciones del Sistema de Salud.

Pero, a pesar de ser un país de avanzada en la región, la situación aún requiere de esfuerzos para mejorar lo logrado.

Los grupos anti derechos en el 2013 intentaron derogar la ley IVE y si bien tuvieron un rotundo fracaso siguen procurando obstaculizar la implementación de los servicios. El recurso presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para anular artículos e incisos del decreto reglamentario, reclamando mayores libertades para hacer uso del recurso de objeción de conciencia, es otro intento de imponer sus creencias sobre las mujeres que transitan por un embarazo no buscado o impuesto. No pueden aceptar que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y que somos sujetos éticos capaces de tomar decisiones autónomas.

En Uruguay nos llevó 30 años de movilización social para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero lejos estamos aún de llegar al final del camino.

El aborto sigue siendo considerado un delito en el Código Penal, lo que mantiene el estigma sobre su práctica y quienes la realizan.

El abuso del recurso de objeción de conciencia por un alto porcentaje de profesionales de la ginecología, además de ser inexplicable en un Estado laico, se convierte en uno de los principales obstáculos para el acceso a los servicios.

Las mujeres que viven en las localidades con 100% de objetores de conciencia deben trasladarse kilómetros para que se les recete la medicación con la que luego abortarán en su casa.

Las mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, en muchas oportunidades y por varias razones, son expulsadas del sistema de salud exponiéndolas nuevamente a los riesgos de la clandestinidad.

La sanción moral fundada en creencias y prejuicios atávicos sustentados en la maternidad como destino incuestionable se mantiene en las visiones más conservadoras y patriarcales del poder político, religioso y médico.

Ha habido muertes que deberían haberse evitado y mujeres encarceladas por haberse practicado abortos fuera de los márgenes impuestos por la ley promulgada.

Por eso este 28 de setiembre volvemos a unirnos a las voces de las organizaciones aliadas de la región y del mundo para seguir luchando por nuestros derechos.

Porque decidir nos hace libres, reafirmamos de manera contundente que el aborto legal, gratuito y seguro es una cuestión de derechos, es una cuestión de democracia.

Mujer y Salud en Uruguay – MYSU Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT- CNT