(por Aldo Roque Difilippo) El 12 de febrero se realizará en Roma (Italia) la primera audiencia por la causa Mega Causa Cóndor que como oportunamente informáramos pone en el banquillo de los acusados a 31 militares latinoamericanos que fueron acusados por el fiscal Gianncarlo Capaldo como responsables de la desaparición de ciudadanos italianos en los años de la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América, conocida como Plan Cóndor.

Esa causa incluye los casos de los mercedarios Nebio Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y Ricardo Blanco; y tendrá como acusados, entre otros al ex dictador Gregorio Alvarez y al Marino Jorge Tróccoli, prófugo de la justicia uruguaya, que actualmente residente en Italia.

El doloreño Lewis Rostán junto a nuestro colega y habitual colaborador de @gesor Roger Rodríguez serán dos de una veintena de testigos uruguayos de estas instancias judiciales que se realizarán en Roma, y que seguramente se extenderá por varios meses.

Hace poco más de una semana el Presidente electo Tabaré Vázquez afirmó “vamos a trabajar por verdad y justicia y hasta que la situación del último de los desaparecidos sea revelada” dando señales claras del rumbo que tomará su gobierno en materia de Derechos Humanos (ver @gesor: http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=15000 ). Pero ese mensaje del Presidente electo Tabaré Vázquez parece no ir en la misma dirección que los organismos que tienen en su poder los archivos y la información necesaria para continuar en la profundización de las investigaciones por estos casos. Mientras el Ministerio del Interior aportó documentación a los testigos que concurrirán a Roma por esta mega causa, el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz no contestaron el pedido realizado por esa información.

El pasado jueves 29 de enero venció el plazo donde los testigos de esta mega causa debían aportar un resumen de los testimonios que aportarán y que pretendía ser respaldados con la documentación oficial correspondiente de los archivos que se sabe existen de la época de la dictadura cívico-militar, y que probarían una vez más la existencia del plan Cóndor entre los gobiernos del río de la Plata; y la práctica sistemática de secuestro, tortura y posterior desaparición de un sinnúmero de compatriotas.

Precisamente en el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz es donde se concentra la mayor cantidad de documentación sobre el período de facto, pero transcurrió el tiempo, venció el plazo y no la aportaron.

Lewis Rostán quien viajará a Roma como testigo experto en el PCR (Partido Comunista Revolucionario) en la causa de la desaparición de Héctor Giordano Cortazzo, de nacionalidad ítalo-uruguaya, en diálogo con @gesor se quejó por esta situación. “Sin el apoyo de los dos organismos oficiales que tienen concentrada la documentación que necesita la justicia (Ministerio de Defensa y la ex Comipaz) es muy difícil sostener que el gobierno uruguayo tiene voluntad de investigar en serio”. Agregando “confío obtener esos documentos por un cambio de actitud de los responsables de dichos organismos o por un cambio de personas que no se alinean con la política oficial”.

Hace apenas tres días el Presidente José Mujica se lamentaba “hay una muralla de silencio” de los militares que participaron en violaciones a los Derechos Humanos, que hace difícil avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido (ver La República: http://www.republica.com.uy/mujica-sobre-los-desaparecidos-hay-una-muralla-de-silencio/499846/ ). Ante estos nuevos hechos parecería ser que no solamente desde el lado militar existe ese pacto de silencio.