Pidieron que el área de Defensa del Consumidor y el Banco de Previsión Social intervenga en la situación en que se han visto involucrados varios pasivos de Egaña y Risso que firmaron convenios con la Cooperativa de la Previsión Social.

Como oportunamente informáramos un grupo de pasivos de Egaña y Risso firmaron contratos a promotoras de esta Cooperativa desconociendo el contenido completo del documento, sorprendiéndose al recibir descuentos en sus recibos de  pasividades.

En la pasada sesión de la Junta Departamental de Soriano el edil  Fernando Vélez (PN)  expuso la situación, indicando que su suplente, Máximo Mesa se interiorizó del tema recibiendo la inquietud de estos pasivos.  “Tiempo atrás llegaron” a Egaña y Risso, comentó Vélez “simpáticas personas las que se presentaron como promotoras  de la  Cooperativa de Previsión Social” ofreciendo “un paquete de servicios: supermercados, supergas  con pagos a 60 días sin recargos, peluquería, asesoría jurídica  gratis, etc. Estas personas omitieron en esa instancia, informar, explicar o sugerir leer las disposiciones generales  del reglamento al cual quedaban atados una vez  que firmaran el contrato. Pero aparte  de  omitir ese detalle les explicaron que dicha afiliación no generaba costos extras, como por ejemplo cuotas sociales  mensuales.  Cuota social que es a la postre lo que termina lesionando los ingresos de estos pasivos  y originando el presente planteo”. Agregando más adelante que  en algunos casos los pasivos deben pagar aproximadamente el 10% de lo que mensualmente perciben, y que de una comunicación mantenida por Máximo Mesa con la casa central de la Cooperativa de la Previsión Social “se le confirma  que las promotoras cobran una comisión por socio que incorporan. Se dice que el socio tiene un plazo de 10 días para renunciar, una vez firmado el contrato  de afiliación, y de no hacerlo en ese plazo el mismo queda confirmado por un año. O sea no tiene derecho a desligarse  por un año” remarcó Vélez.

“Esta institución considera que al firmar el contrato debió leer el reglamento  y es consciente de su contenido, por lo que estaría inhibido de cualquier reclamo”.  Comentando “si tomamos en cuenta la bonhomía, falta de malicia, la inocencia  de estas personas que pasaron la vida trabajando y contribuyendo  silenciosamente  al crecimiento de sus comunidades, no debe sorprendernos que abran  generosamente las puertas de su casa  a toda  persona que llega y termina en  este tipo de  situaciones no deseadas”. Remarcando “quienes estamos en sala y conocemos esas pequeñas localidades, sabemos  que esto se da. Que se da quizá  un cierto exceso de confianza, que es propio de nuestras pequeñas comunidades del interior”. Pidiendo que  esta situación sea denunciada  ante  el “Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas”, al Directorio del Banco de Previsión Social, y a la Comisión Directiva de la Cooperativa de la Previsión Social”. Además que estudie el tema la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental.

BPS ya está enterado

   El Presidente de la Junta Departamental comentó que en Mercedes se registraron situaciones similares. Ángel García, quien además es funcionario del BPS indicó que “las autoridades están tomando las medidas correspondientes, y buscando la manera como para poder ayudar a  toda esa gente  que se ha visto involucrada”.